El caso ha provocado reacciones de rechazo por parte de organismos de salud, autoridades locales y defensores de derechos humanos. Se reabre así el debate sobre los ataques con agentes químicos, que en Colombia constituyen delitos graves con penas que superan los 20 años de prisión.
Estos hechos violentos, que afectan principalmente a mujeres, han venido en aumento en varias regiones del país. Por eso, el gobierno ha reiterado su compromiso de fortalecer la atención médica y la justicia para las víctimas.
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La identidad del agresor aún no ha sido confirmada. Sin embargo, los investigadores confían en que las evidencias digitales y la presión social conduzcan a su pronta captura.
