Fin de la Paz Total fue la decisión confirmada por el gobierno de Abelardo De La Espriella al cerrar las mesas de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración de Gustavo Petro.
Fin de la Paz Total alcanza diálogos
El Ejecutivo sostuvo que estos procesos no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia. La determinación comprende negociaciones con el ELN, disidencias de las Farc y diferentes estructuras criminales.
“Se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación”, señaló el Gobierno.
Entre los procesos que llegan a su fin está la mesa con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, disidencia de las Farc cuyo cabecilla es alias Calarcá. También aparece la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, comandada por alias Walter Mendoza.
La decisión incluye las conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN comandada por alias HH. Según la información suministrada, esta estructura supuestamente había mostrado voluntad de avanzar hacia la paz y entregó 585 artefactos explosivos para su destrucción.
A esa lista se suma la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se encontraba suspendida desde enero de 2025.
Con esta determinación terminan los principales espacios de diálogo instalados durante el gobierno de Petro como parte de su apuesta por negociar simultáneamente con distintos grupos ilegales.
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Bandas criminales también quedan incluidas
Fin de la Paz Total abre otra vía
El Gobierno sostuvo que las estructuras que realmente quieran abandonar las armas tendrán ahora como camino el sometimiento a la justicia.
“Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública”, señaló el Ejecutivo.
Hasta ahora, la banda delincuencial “Los Pepes”, que opera en Barranquilla, sería la primera en manifestar una supuesta voluntad de someterse a la justicia, contar la verdad y reparar a las víctimas.
De concretarse, sería el primer grupo criminal en avanzar en un proceso de sometimiento durante el gobierno de Abelardo De La Espriella.
Los integrantes de esa estructura también manifestaron, según una carta conocida por El Tiempo, su disposición a servir como mediadores con otros grupos armados ilegales.
Mientras tanto, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra cabecillas como alias Calarcá, Walter Mendoza y Araña.
