Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General, donde deberán enfrentar cargos por hurto agravado, porte ilegal de armas y tentativa de soborno. La investigación continúa, ya que no se descarta que estén vinculados a una red criminal dedicada al robo de viviendas en distintas regiones del país.
Las comunidades organizadas han solicitado patrullajes permanentes, alarmas comunitarias y acompañamiento institucional. La articulación entre la ciudadanía y las autoridades ha sido clave para frenar delitos de alto impacto. El caso ya enciende alertas en otras zonas urbanas donde se teme un patrón similar.
