La empresa cierra más de tres mil establecimientos en varias regiones tras ataques y amenazas del EGC. La Defensoría del Pueblo rechaza estos actos de violencia.
“El constreñimiento de grupos armados ilegales en Sucre y Sur de Bolívar afecta gravemente el derecho al trabajo y la vida de quienes operan puntos de atención de Supergiros, en su mayoría mujeres”, expresó la Defensoría. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas eficaces para frenar estos actos de violencia que vulneran los derechos humanos de los empleados y usuarios de los servicios.
